Requerimiento Del Pago Al Moroso

I. Introducción: el conflicto entre crédito, datos personales y derecho al honor en el requerimiento del pago al moroso

La STS 1324/2024, de 11 de marzo, se inserta en una línea jurisprudencial ya consolidada sobre el requerimiento del pago al moroso , pero todavía controvertida, relativa a la inclusión de personas físicas en ficheros de solvencia patrimonial y crediticia, comúnmente denominados “ficheros de morosos”. El conflicto jurídico se sitúa en la intersección entre la protección del derecho fundamental al honor y el interés legítimo de las entidades financieras en la circulación de información crediticia, porque ambos bienes jurídicos resultan constitucionalmente relevantes.

La resolución comentada resulta especialmente significativa no tanto por el reconocimiento de una intromisión ilegítima —que finalmente no aprecia— sino porque precisa y sistematiza la doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago, y lo hace con una vocación claramente unificadora, orientada a reducir la litigación masiva existente en esta materia. Así, el Tribunal Supremo asume explícitamente una función de estabilización del sistema jurídico.

II. Antecedentes fácticos y procesales: una tutela inicialmente estimada

El supuesto de hecho presenta un esquema clásico: un particular, en este caso avalista de una operación financiera, es incluido por una entidad bancaria en un fichero de morosos sin que, según sostiene, haya recibido el requerimiento previo de pago exigido por la normativa de protección de datos. En primera instancia, y posteriormente en apelación, se estima la demanda por vulneración del derecho al honor, considerando que no quedó acreditada la correcta práctica del requerimiento previo.

Sin embargo, el Banco Santander interpone recurso de casación alegando infracción del artículo 38.1.c) del Reglamento de desarrollo de la antigua LOPD, por entender que la Audiencia Provincial había exigido un estándar probatorio excesivamente riguroso, cercano a la fehaciencia absoluta de la recepción. El Tribunal Supremo admite el recurso y lo estima, revocando las resoluciones anteriores y desestimando la demanda.

III. El derecho al honor y los ficheros de solvencia patrimonial

Desde una perspectiva doctrinal, conviene recordar que la inclusión indebida en un fichero de morosos constituye, según reiterada jurisprudencia, una intromisión ilegítima en el derecho al honor, en la medida en que proyecta socialmente una imagen de incumplidor que afecta a la reputación personal y económica del afectado. Este daño se produce incluso sin difusión masiva, porque el acceso al fichero por terceros con interés legítimo basta para generar el menoscabo.

Ahora bien, esta protección no es automática ni incondicionada. El Tribunal Supremo ha insistido en que la inclusión es legítima cuando concurren determinados requisitos: existencia de una deuda cierta, vencida y exigible; proporcionalidad; y, de forma especialmente relevante, requerimiento previo de pago al afectado. Este último requisito opera como una garantía material del derecho al honor, porque permite al deudor conocer la deuda, discutirla o satisfacerla antes de sufrir el impacto reputacional.

IV. El previo requerimiento del pago al moroso como garantía, pero no como formalismo extremo

El núcleo doctrinal de la STS 1324/2024 reside en la interpretación del carácter recepticio del requerimiento previo. El Tribunal Supremo reafirma que dicho requerimiento no exige una prueba fehaciente de la recepción, como si se tratara de una notificación procesal o de un acto solemne, porque la normativa aplicable no impone tal exigencia.

La Sala recuerda que el requerimiento puede considerarse acreditado mediante presunciones razonables, siempre que exista una constancia suficiente de que la comunicación fue enviada a un domicilio idóneo, admitida por el servicio postal y no devuelta. Esta afirmación tiene una profunda relevancia dogmática, porque desplaza el centro de gravedad desde la prueba directa de la recepción hacia una valoración contextual y probabilística, acorde con el principio de normalidad en las comunicaciones postales.

V. La doctrina de la “constancia razonable” de la recepción

El Tribunal Supremo sistematiza su doctrina previa (ver sentencia 1505/2023, de 27 de octubre) del requerimiento del pago al moroso y la formula en términos especialmente claros: la recepción del requerimiento puede darse por acreditada cuando concurren ciertos indicios objetivos que, valorados conjuntamente, permiten inferir razonablemente que la comunicación llegó a destino. Entre estos indicios destacan la idoneidad del domicilio, la admisión por el operador postal y la ausencia de devolución.

Esta construcción dogmática resulta coherente con el derecho probatorio civil, porque evita imponer al acreedor una carga desproporcionada, pero al mismo tiempo preserva la finalidad garantista del requerimiento. Así, el Tribunal no elimina la exigencia, pero sí rechaza una concepción excesivamente formalista que convertiría el sistema en disfuncional, especialmente en un contexto de comunicaciones masivas propias del tráfico económico contemporáneo.

VI. Notificaciones masivas y principio de normalidad

Un aspecto particularmente relevante de la sentencia es la defensa explícita de la validez de los sistemas de notificación masiva utilizados en el requerimiento del pago al moroso. El Tribunal Supremo rechaza que el hecho de que una comunicación forme parte de una remesa numerosa desvirtúe, por sí solo, su eficacia jurídica. Al contrario, subraya que el servicio postal está estructuralmente diseñado para gestionar volúmenes masivos de correspondencia, y que su admisión genera una presunción de correcta tramitación.

Aquí emerge con claridad el principio de normalidad, expresado mediante el aforismo clásico según el cual lo normal se presume y lo anormal debe probarse. Desde esta óptica, corresponde al afectado aportar indicios de que la comunicación no llegó a su destino por causas imputables al remitente o al operador postal, y no al acreedor demostrar una certeza absoluta de recepción.

VII. El rechazo del estándar de burofax o acuse de recibo

La sentencia critica de forma expresa la exigencia, impuesta por algunas Audiencias Provinciales, de que el requerimiento previo se realice mediante burofax o correo certificado con acuse de recibo. El Tribunal Supremo considera que esta exigencia no se desprende de la ley ni de su propia jurisprudencia, y que imponerla supondría una reinterpretación restrictiva y no justificada del marco normativo.

Desde una perspectiva doctrinal, esta afirmación refuerza la idea de que el derecho al honor debe protegerse mediante garantías razonables y proporcionadas, pero no a través de formalismos que dificulten innecesariamente el ejercicio legítimo de derechos económicos y crediticios. El equilibrio entre derechos fundamentales y funcionamiento del mercado aparece aquí como telón de fondo de la decisión.

VIII. Función unificadora y seguridad jurídica

La STS 1324/2024 asume explícitamente una función de unificación jurisprudencial, consciente del elevado volumen de litigios en esta materia. La Sala reconoce que la diversidad de criterios judiciales ha generado incertidumbre y fomenta la litigación en masa, lo que resulta incompatible con las exigencias de seguridad jurídica y previsibilidad.

Desde esta perspectiva, la sentencia no se limita a resolver un caso concreto, sino que fija criterios orientadores de alcance general, con el objetivo de garantizar un trato igual a situaciones equivalentes. Esta dimensión institucional refuerza el valor de la resolución como pieza central en la evolución de la doctrina sobre protección del honor y ficheros de solvencia.

IX. Consecuencias prácticas y dogmáticas de la sentencia

Las consecuencias de la STS 1324/2024 son relevantes tanto en el plano práctico como en el teórico. En la práctica, facilita a las entidades acreedoras la acreditación del cumplimiento del requerimiento previo, reduciendo la carga probatoria y, previsiblemente, el número de demandas estimatorias. Pero al mismo tiempo mantiene intacta la posibilidad de impugnar inclusiones indebidas cuando existan indicios concretos de irregularidad.

En el plano dogmático, la sentencia consolida una concepción funcional y no ritualista de las garantías del derecho al honor, alineada con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. El derecho fundamental no se vacía de contenido, pero tampoco se absolutiza hasta el punto de bloquear el tráfico económico legítimo.

X. Conclusión sobre el requerimiento del pago al moroso

En conclusión, en la STS 1324/2024 el Tribunal mantiene su actual criterio en la jurisprudencia civil sobre protección del derecho al honor frente a la inclusión en ficheros de morosos. Su principal aportación reside en la clarificación del estándar probatorio exigible para acreditar el requerimiento previo de pago, apostando por una noción de constancia razonable de la recepción basada en presunciones y en el principio de normalidad.

Así, el Tribunal Supremo logra un delicado equilibrio entre la tutela efectiva de los derechos de la personalidad y la necesidad de garantizar la operatividad del sistema crediticio, ofreciendo una doctrina clara, coherente y orientada a reforzar la seguridad jurídica en un ámbito especialmente sensible del Derecho civil contemporáneo.